Más de 9 millones de indígenas viven en constante discriminación; sin embargo, el Conapred –organismo encargado de garantizar el trato igualitario y el acceso de oportunidades– carece de programas dirigidos a esta población, observa la ASF.Hoy en día la discriminación que viven los grupos indígenas de nuestro país vive una de sus peores crisis en la actualidad, ya que a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir esta segregación tan marcada por la sociedad se difumine en un 3% ; incluso a pesar de implementar instituciones que se encargan de apoyar a dichos grupos los representantes de organizaciones indígenas ni siquiera conocen de la existencia de la institución. La dependencia federal asegura que no se le han otorgado recursos para desempeñar su trabajo con la población indígena.
“¡Quítate el sombrero cuando entres, indio!” Fue la orden que un funcionario público de la agencia municipal de Huahutla, en Hidalgo, espetó a Ramiro Díaz Baltasar, un indígena nahua que apenas había pisado las oficinas gubernamentales. El joven se negó a despojarse de una de las prendas que lo identifican como campesino.
Integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, Ramiro había acudido a realizar gestiones administrativas para tramitar los apoyos que entrega el gobierno a través de programas de desarrollo social para algunas organizaciones campesinas e indígenas.
De la burocracia no obtuvo ninguna atención. No hubo secretaria ni oficinista que le diera indicaciones de lo que debía hacer para realizar el proceso administrativo; tampoco hubo a quién dirigirse para asentar una queja.
Ramiro es uno de los 9 millones 533 mil 126 indígenas registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que viven expuestos a las prácticas de discriminación en diversos sectores.
La marginación en la que subsisten estos pueblos es el resultado “de siglos de explotación y discriminación, pero se ha acentuado y se ha hecho más visible en las últimas décadas, afectando, sin duda, a los grupos indígenas de nuestro país y dificultándoles el desarrollo”, dice el estudio Pueblos indígenas del México contemporáneo, elaborado por el investigador Federico Navarrete Linares para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ante esta situación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reprobó la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El organismo al que se le asignaron 93 millones 87 mil 600 pesos en 2007 para desempeñar su trabajo “no avanzó en la consecución del objetivo de la política pública de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de los indígenas”, indica el dictamen del órgano encargado de fiscalizar y revisar la aplicación de los recursos públicos.
La ASF precisó en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 que el Conapred “careció de programas y acciones específicas para atender a la población indígena contra los actos discriminatorios de que son sujetos”.
Hablar de discriminación, dice Ramiro, “es hablar de algo que siempre ha existido para nuestras comunidades. Desde la conquista, en que vinieron los españoles a saquear, robarnos y hacernos esclavos, nos han considerado objetos sin derechos.
En la actualidad en el Distrito Federal en 16 delegaciones no se cuenta con ningun tipo de programa que apoye a estos grupos indígenas, la situación con la que las autoridades retoman esta problemática deja mucho que desear, dejando a la merced del resto de la población desprotegidos y segregados a estos grupos mexicanos.
De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la atención del Conapred se circunscribe a “toda acción que tenga por objeto hacer distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, el Conapred –entonces dirigido por Gilberto Rincón Gallardo– estableció que promovería la protección de los derechos humanos y la no discriminación, para lo que desempeñaría actividades que supuestamente permitirían el desarrollo de una cultura a nivel nacional sobre los derechos humanos, así como fomentar una cultura contra la discriminación. Su meta programada fue de 2 mil 827 acciones.
No obstante, la ASF determinó que la meta para prevenir y eliminar la discriminación “no se definió con base en un propósito estratégico que reflejara un compromiso concreto por parte del Conapred”.
Lo anterior incumplió con el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de fine como meta al “propósito estratégico que refleja el compromiso concreto que asumen las dependencias y entidades para lograr el cumplimiento anual de los objetivos de los programas presupuestarios”.
Andrés Solís, subdirector de información del Conapred, indicó que el Órgano Interno de Control en el organismo continúa en el proceso de solventación de observaciones hechas por la ASF.
El funcionario justificó la falta de acciones a para prevenir la discriminación hacia los grupos indígenas, debido a que durante 2007, 2008, 2009 no se contempló la asignación de presupuesto a este rubro.
Anunció que será hasta los próximos meses cuando se inicie una campaña en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y será hasta 2010 cuando se proyecte un presupuesto específico para los pueblos indios.