EDITORIAL

MÉXICO: DISCRIMINACIÓN A INDÍGENAS.

Más de 9 millones de indígenas viven en constante discriminación; sin embargo, el Conapred –organismo encargado de garantizar el trato igualitario y el acceso de oportunidades– carece de programas dirigidos a esta población, observa la ASF.

Hoy en día la discriminación que viven los grupos indígenas de nuestro país vive una de sus peores crisis en la actualidad, ya que a pesar de los esfuerzos del gobierno por combatir esta segregación tan marcada por la sociedad se difumine en un 3% ; incluso a pesar de implementar instituciones que se encargan de apoyar a dichos grupos los representantes de organizaciones indígenas ni siquiera conocen de la existencia de la institución. La dependencia federal asegura que no se le han otorgado recursos para desempeñar su trabajo con la población indígena.


“¡Quítate el sombrero cuando entres, indio!” Fue la orden que un funcionario público de la agencia municipal de Huahutla, en Hidalgo, espetó a Ramiro Díaz Baltasar, un indígena nahua que apenas había pisado las oficinas gubernamentales. El joven se negó a despojarse de una de las prendas que lo identifican como campesino.

Integrante del Frente Democrático Oriental de México Emiliano Zapata, Ramiro había acudido a realizar gestiones administrativas para tramitar los apoyos que entrega el gobierno a través de programas de desarrollo social para algunas organizaciones campesinas e indígenas.

De la burocracia no obtuvo ninguna atención. No hubo secretaria ni oficinista que le diera indicaciones de lo que debía hacer para realizar el proceso administrativo; tampoco hubo a quién dirigirse para asentar una queja.

Ramiro es uno de los 9 millones 533 mil 126 indígenas registrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía que viven expuestos a las prácticas de discriminación en diversos sectores.


La marginación en la que subsisten estos pueblos es el resultado “de siglos de explotación y discriminación, pero se ha acentuado y se ha hecho más visible en las últimas décadas, afectando, sin duda, a los grupos indígenas de nuestro país y dificultándoles el desarrollo”, dice el estudio Pueblos indígenas del México contemporáneo, elaborado por el investigador Federico Navarrete Linares para la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Ante esta situación, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) reprobó la fiscalización que realizó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El organismo al que se le asignaron 93 millones 87 mil 600 pesos en 2007 para desempeñar su trabajo “no avanzó en la consecución del objetivo de la política pública de prevenir y eliminar la discriminación, promover la igualdad de oportunidades y de trato, y proteger los derechos humanos de los indígenas”, indica el dictamen del órgano encargado de fiscalizar y revisar la aplicación de los recursos públicos.

La ASF precisó en el Informe del resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2007 que el Conapred “careció de programas y acciones específicas para atender a la población indígena contra los actos discriminatorios de que son sujetos”.

Hablar de discriminación, dice Ramiro, “es hablar de algo que siempre ha existido para nuestras comunidades. Desde la conquista, en que vinieron los españoles a saquear, robarnos y hacernos esclavos, nos han considerado objetos sin derechos.

En la actualidad en el Distrito Federal en 16 delegaciones no se cuenta con ningun tipo de programa que apoye a estos grupos indígenas, la situación con la que las autoridades retoman esta problemática deja mucho que desear, dejando a la merced del resto de la población desprotegidos y segregados a estos grupos mexicanos.


De acuerdo con el artículo 4 de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la atención del Conapred se circunscribe a “toda acción que tenga por objeto hacer distinción, exclusión o restricción que basada en el origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas”.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2007, el Conapred –entonces dirigido por Gilberto Rincón Gallardo– estableció que promovería la protección de los derechos humanos y la no discriminación, para lo que desempeñaría actividades que supuestamente permitirían el desarrollo de una cultura a nivel nacional sobre los derechos humanos, así como fomentar una cultura contra la discriminación. Su meta programada fue de 2 mil 827 acciones.

No obstante, la ASF determinó que la meta para prevenir y eliminar la discriminación “no se definió con base en un propósito estratégico que reflejara un compromiso concreto por parte del Conapred”.

Lo anterior incumplió con el artículo 25 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que de fine como meta al “propósito estratégico que refleja el compromiso concreto que asumen las dependencias y entidades para lograr el cumplimiento anual de los objetivos de los programas presupuestarios”.

Andrés Solís, subdirector de información del Conapred, indicó que el Órgano Interno de Control en el organismo continúa en el proceso de solventación de observaciones hechas por la ASF.

El funcionario justificó la falta de acciones a para prevenir la discriminación hacia los grupos indígenas, debido a que durante 2007, 2008, 2009 no se contempló la asignación de presupuesto a este rubro.

Anunció que será hasta los próximos meses cuando se inicie una campaña en coordinación con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y será hasta 2010 cuando se proyecte un presupuesto específico para los pueblos indios.

Soy el responsable de la persecución a homosexuales que hubo en Cuba: Fidel Castro.

El bloqueo, vigente y con el agravante de que es ley en EU, dice.

Explica sobre la homofobia de hace cinco décadas: ... teníamos tantos problemas de vida o muerte que no le prestamos atención... piensa cómo eran nuestros días en aquellos primeros meses de la Revolución: la guerra con los yanquis, el asunto de las armas, los planes de atentados contra mi persona...

La solidaridad de una buena parte de la intelectualidad universal, los grandes logros del pueblo frente al bloqueo, en fin, todo, todo se fue al caño por causa de la persecución a homosexuales en Cuba.

Fidel no rehuye el tema. Ni niega ni rechaza la aseveración. Sólo pide tiempo para recordar, dice, cómo y cuándo se desató el prejuicio en las filas revolucionarias.

Hace cinco décadas, y a causa de la homofobia, se marginó a los homosexuales en Cuba y a muchos se les envió a campos de trabajo militar-agrícola, acusándolos de contrarrevolucionarios.

Fueron momentos de una gran injusticia, recuerda Fidel, “la haya hecho quien sea. Si la hicimos nosotros, nosotros… Estoy tratando de delimitar mi responsabilidad en todo eso porque, desde luego, personalmente, yo no tengo ese tipo de prejuicios.”

Él piensa que todo el odio a los homosexuales, se fue produciendo como una reacción espontánea en las filas revolucionarias, que venía de las tradiciones. En la Cuba anterior no sólo se discriminaba a los negros: también se discriminaba a las mujeres y, desde luego, a los homosexuales…

Actualmente el Partido Comunista de Cuba no explica en sus estatutos la prohibición a discriminar por orientación sexual, según comenta Fidel, él es el responsable de que no se pusiera un alta a esta situación presente en la sociedad cubana “Es cierto que en esos momentos no me podía ocupar de ese asunto… Me encontraba inmerso, principalmente, de la Crisis de Octubre, de la guerra, de las cuestiones políticas…”

Además menciona, “nosotros no lo supimos valorar... sabotajes sistemáticos, ataques armados, se sucedían todo el tiempo: teníamos tantos y tan terribles problemas, problemas de vida o muerte, que no le prestamos suficiente atención.” Por lo que se convirtió en un serio y grave problema político.

Fidel revela lo tremendamente que influyeron en él y lo que alteraron su vida las amenazas de atentados y los atentados mismos de que fue víctima: “No podía estar en ninguna parte, no tenía ni dónde vivir…” Las traiciones estaban a la orden del día, y él tenía que andar a salto de mata…

“Escapar a la CIA, que compraba tantos traidores, a veces entre la misma gente de uno, no era cosa sencilla; pero en fin, de todas maneras, si hay que asumir responsabilidad, asumo la mía. Yo no voy a echarle la culpa a otros…”, sostiene el dirigente revolucionario.

Hoy, sin embargo, el problema se está enfrentando: Bajo el lema La homosexualidad no es un peligro, la homofobia sí, se celebró recientemente en muchas ciudades del país la tercera Jornada Cubana por el Día Mundial Contra la Homofobia. Gerardo Arreola, corresponsal de La Jornada en Cuba, da cuenta puntual del debate y la lucha que se lleva adelante en la isla por el respeto a los derechos de las minorías sexuales.

Arreola refiere que es Mariela Castro, una socióloga de 47 años –hija del presidente cubano Raúl Castro–, quien lidera el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), institución que –dice ella– ha conseguido mejorar la imagen de Cuba después de la marginación de los años 60.

“Aquí estamos las cubanas y los cubanos, para seguir luchando por la inclusión, para que ésta sea la lucha por todas y todos, por el bien de todas y todos”, dijo Mariela Castro al inaugurar la jornada, escoltada por transexuales que sostenían una bandera cubana y otra multicolor del movimiento gay.

Hoy en Cuba, los esfuerzos por los homosexuales incluyen iniciativas como cambio de identidad de transexuales o las uniones de civiles entre personas del mismo sexo.

REPORTAJE-ABORTO

Prohibido el aborto terapéutico

Un grupo de hombres monta una escultura de una mujer embarazada del artista danés Jens Galschiot en conmemoración del Día internacional de la salud de la mujer en 2007. Por entonces, organizaciones de derechos de la mujer denunciaban la muerte de decenas de mujeres por complicaciones durante los embarazos o por abortos realizados clandestinamente a partir de la prohibición de 2006 (Esteban Félix / AP)

Mientras que en España la Iglesia católica va perdiendo adeptos y, por tanto, poder y la reforma del derecho al aborto se ha aprobado, en numerosos países de América Latina y África la creciente presencia de las iglesias católica y evangelista, principalmente, está favoreciendo que grupos de poder introduzcan agendas marcadas por la religión en los gobiernos. Éste ha sido el caso de las recientes reformas legislativas dirigidas a prohibir la práctica del aborto en cualquier caso. En Nicaragua, República Dominicana y Kenia se ha implantado la prohibición de la interrupción del embarazo, a partir de presiones de representantes de la Iglesia católica y/o de la propia defensa de ésta desde dentro del Estado.

Nicaragua

Desde 1870 el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo, o cuando el embarazo fuera resultado de una violación certificada por al menos tres médicos. Sin embargo, durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2005, la Cámara legislativa de este país aprobó un reforma que prohibía el aborto en cualquier caso y que imponía unas penas de entre cuatro y ocho años de prisión para aquellas mujeres que incurrieran en el delito. 

Las 200.000 firmas recogidas por representates de las iglesias católicas y evangelistas pidiendo la derogación del derecho al aborto en estos casos había surtido efecto. Cuatro de los cinco partidos que participarían en los comicios presidenciales votaron a favor de la prohibición, incluído el Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderado por el famoso líder de la revolución sandinista Daniel Ortega. Médicos, activistas de los derechos de la mujer y diplomáticos de toda América Latina miraron perplejos a un país en el que además, se preveía la victoria de uno de los míticos partidos progresistas del continente. Varias agencias de cooperación al desarrollo de países europeos se plantearon presionar conjuntamente al gobierno de manera no oficial.

Durante la votación, aprobada con 52 votos a favor, 9 abstenciones y la ausencia de los 92 parlamentarios restantes, miembros de organizaciones civiles y de derechos de la mujer intentaron ingresar en el edificio y arrojaban piedras y botellas al edificio. Mientras, los dirigentes políticos sostenían que no se trataba de una cuestión electoral sino “de una medida de protección de la vida“, como expresó el coordinador del grupo FSLN en el Parlamento.

A principios de marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado de Nicaragua que adopte medidas cautelares para salvar la vida de Amalia. Esta mujer, con nombre ficticio para proteger su identidad, de 27 años y madre de una niña de 10, el sistema de salud le ha negado el aborto terapéutico para poder recibir el tratamiento de quimioterapia y radioterapia que necesita para combatir el cáncer que padece.

Este caso ha reabierto el debate sobre el aborto en Nicaragua. Un grupo de diputados propuso a mediados de marzo despenalizar el aborto terapéutico, excluyendo el caso de la violación, y subrayando que, en el caso de que se descubra que el aborto terapéutico no era necesario y que los médicos falsificaron los dictámenes, la pena de prisión sería de entre 4 y 13 años.

Dos días más tarde, Amalia era trasladada a un hospital para recibir el tratamiento y, según la procuradora de la mujer, Débora Grandinson, “será inevitable la suspensión del embarazo”.

La Iglesia ha respondido rápidamente. La Conferencia Episcopal publicó una carta en la que exhortaba a la ciudadanía a no dejarse confundir por ideologías o propagandas. El Vicario de la Catedral Metropolitana de Managua, Bismack Conde, argumentó que la propuesta de despenalizar el aborto en algunos supuestos era “una banderita de lucha en contra la de la vida humana”.

Según cifras de Amnistía Internacional, entre 2005 y 2007, 1247 niñas fueron violadas y 198 de ellas resultaron embarazadas. De ellas, 172 tenían entre 10 y 14 años de edad. Y esto es sólo los casos documentados, lo que hace suponer que sólo se trata de la punta del iceberg del problema. Asimismo, se tiene registrada la muerte de 28 mujeres en 2008 por enfermedades existentes antes del embarazo que derivaron en la muerte durante éste.

Ya en mayo de 2009 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se pronunció con rotundidad sobre este asunto: Nicaragua debía revertir la reforma legislativa de 2006 y garantizar el derecho al aborto, especialmente en casos de violación o incesto. “La prohibición del aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa una constante exposición a las violaciones cometidas contra ellas” y supone “un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas psicológicos”. Y añadía que Nicaragua debía modificar esta legislación “tal y como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Sin embargo, el gobierno sandinista siempre responde que “viene impulsando una proyecto de vida, un proyecto en donde hemos asumido el compromiso tanto de defender a la madre como a su hijo”, como respondió recientemente el diputado de este partido, José Figueroa, a todas estas reclamaciones internacionales.

Kenia

Una mujer carga un bebé durante la violencia post-electoral en Kenia © Walter Astrada

Cada año, al menos 2600 mueren por un complicaciones derivadas de un aborto realizado en la clandestinidad, 21.000 mujeres son hospitalizadas por esta práctica ilegal y peligrosa para las mujeres. Pero, como apunta el informe del Centro para los Derechos Reproductivos, estas cifras no reflejan el número de mujeres asesinadas o con discapacidades derivadas de estos abortos. Se estima que el 35% de las mortalidad materna es atribuible a las inapropiadas condiciones en las que tienen que realizar los abortos: ellas mismas con objetos o venenos, personas no profesionales de la medicina y las faltas de salubridad.

El gobierno de coalición formado tras la violencia desatada durante las elecciones presidenciales de 2007, tiene como una de sus funciones primordiales la reforma de la Constitución para disminuir la corrupción y prevenir futuros enfrentamientos étnicos. Uno de las propuestas para la reforma es la legalización del aborto en los supuestos marcados por los tratados internacionales firmados por Kenia: cuando el embarazo suponga riesgo para la salud o la vida de la mujer o en caso de violación.

Sin embargo, el presidente keniata, el católico Mwai Kibaki, ha prometido a los líderes religiosos que el Parlamento no aprobara esta rerforma. “La mayoría de nosotros en el Parlamento hemos reconciliado nuestras posturas y estamos listos para persuadir a aquellos que piensen distintos. En cualquier caso rechazaremos sus propuestas” dijo durante una ceremonia religiosa. Entre los que no sólo no quieren aprobar el aborto terapeútico también existe un sector que quiere introducir un concepto que, como veremos, se repite en República Dominicana. Y es el de “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte”. Esto, en palabras de la abogada, Mónica Roa, responsable de proyectos de Women´s Link Worldwid, una organización de defensa de los derechos de la mujer “no sólo elmina la posibilidad de abortos en determinados casos, sino también la anticoncpeción de emergencia (como la píldora del día después), el DIU tampoco ya que funciona después del momento de la concepción, la fertilización in vitro también tendría problemas constitucionales. Esta cláusula tendría graves consecuencias para los derechos sexuales y reproductivos en general”.

Sin embargo, una de las paradojas que arrastra desde hace años este país es que tiene, legalmente, un sistema de cuidados médicos para el post-aborto, lo que demuestra su conciencia de lo extendida que está su práctica.  Sin embargo, la mayoría de las mujeres no acuden a los hospitales cuando sufren infecciones, hemorragias u otras complicaciones tras el aborto por desconocimiento de su existencia o porque, con lógica, consideran que si la interrupción del embarazo está penada, podrían ser encarceladas si lo hacen público en el hospital.

El prestigioso Centro para los Derechos Reproductivos, con sede en Nueva York, y dedicado a “promover la autonomía reproductiva como un derecho humano fundamental que todos los gobiernos están legalmente obligados a proteger, respetar y garantizar” ha dedicado un informe a la situación en Kenia. Entre los testimonios recogidos, está el de Sara, una niña de 14 años que comienza a prostituirse por dos dólares cuando su madre es hospitalizada por sida y tuberculosis. Cuando se queda embarazada una amiga de una amiga le practica un aborto que le provoca una grave infección. No acude al hospital por miedo a ser encarcelada. Muere un mes después.

Según el informe, aquellas mujeres víctimas de un aborto mal practicado que van al hospital son a menudo tratadas por médicos y enfermeras inexpertas, que les curan sin analgésicos y les insultan.

República Dominicana

La modificación constitucional para la prohibición absoluta del aborto en este país donde el 87% se considera católico en septiembre de 2009, coincidió con la el inicio prematuro de la campaña electoral que se inició ya a principios del pasado año y que aún no se han celebrado. El mismo presidente de la República, Leonel Antonio Fernández Reyna, y representantes de la Iglesia Católica plantearon una reforma que incluye a este país en el reducido grupo que no admite el aborto bajo ninguna circunstancia. Antes de la votación en el Parlamento, el presidente de la Cámara, Reinaldo Pared Pérez, pidió que se rezara un Padrenuestro por la salud del hijo de uno de los parlamentarios. 

Con 128 votos a favor y 34 en contra, los grupos civiles y de defensa de los derechos de la mujer que mostraron su alarma por una reforma dirigida a reforzar la prohibición del aborto ya existente, pero que en la práctica era bordeada para salvar la vida de aquellas mujeres que requerían tratamientos para salvar sus vidas o las víctimas de violaciones e incestos. Esta reforma está basada en el concepto que empieza a ganar peso en Kenia de “proteger la vida desde la concepción hasta la muerte“.

El código sanciona con penas de dos a cinco años de cárcel a toda mujer que realice un aborto, con o sin asistencia, y de entre cinco y veinte años al personal médico que intervenga en su práctica. Amnistía Internacional denunció la reforma legal y avisó de que se estaba “poniendo en peligro la vida de mujeres y niñas, incrementando potencialmente las muertes maternas en el país”.

Según una investigación del Centro de Estudios Sociales y Demográficos dominicano el país tiene una de las tasas más altas de la región: 82.000 abortos anuales, de los cuales casi la décima parte se practican en adolescentes de entre 10 y 15 años de edad. Según la reconocida ginecóloga y defensora de los derechos reproductivos de la mujer en República Dominicana, Lillian Fondeur, “se incrementarán la mortalidad, los embarazos no deseados y los abortos”.

Desde que el aborto terapéutico fue prohibido en 2006, han sido numerosos los debates en el parlamento y en la sociedad civil que han planteado volver a legalizarlo.

Colombia

El caso de Colombia demuestra que la legislación no es suficiente si no viene acompañada del compromiso de la judicatura por el cumplimiento de la ley, del poder ejecutivo y de todos los agentes implicados en la práctica de la interrupción del embarazo: desde los médicos, asesores de las oficinas de planificación familiar hasta la desestigmatización social. 

En Colombia, el aborto era ilegal en todos los casos hasta 2006. Un año antes, Women´s Link Worldwide, a través de su abogada Mónica Roa, interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional según la cual la total penalización del aborto implica graves vulneraciones a los derechos de las mujeres. Lo hizo mediante una campaña que diseñó, llamada Litigio de Alto Impacto, basada en el trabajo estratégico con los jueces en la implementación de los derechos sexuales y reproductivos, y en la sociedad a través de todos los medios de comunicación social a su alcance con el fin de que el impacto de la sentencia fuera tal socialmente que traspasara las barreras del papel jurídico.

En 2006, el aborto en los casos que hemos visto,ser resultado de una violación o incesto, o que ponga en riesgo la salud o la vida de la mujer, es aprobado. Los tres primeros argumentos que conformaron la campaña llevada a cabo por Mónica Roa fueron los siguientes:

1. Las consecuentas de la total penalización del aborto constituyen un grave problema de salud pública. El aborto ilegal era la tercera causa de mortalidad materna en el país.

2. Es un asunto de equidad de género. Según el Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la penalización de una práctica médica que sólo necesitan las mujeres es una violación al derecho de la igualdad y a la no discriminación por sexo.

3. Es una cuestión de justicia social. En su mayoría, quienes pagan el costo de la ilegalidad del aborto son las mujeres de escasos recursos, las que viven en zonas rurales, las que tiene menos acceso a la información y las más jóvenes.

Sin embargo, pasados casi cuatro años, Mónica Roa ha tenido que presentar ante la Corte Suprema de Justicia una queja disciplinaria contra el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordoñez, argumentando que “no garantiza la plena vigencia de los derechos humanos porque ha usado su posición como jefe máximo del Ministerio Público para restringir el alcance de los derechos sexuales y reproductivos y no hacer cumplir las decisiones judiciales constitucionales”.

CRÓNICA 2 - HABLAR DE MÁS

HABLAR DE MÁS

Tras una campaña electoral conducida por el español Antonio Sola, en la cual Felipe de Jesús Hinojosa Calderón, candidato selecto por el Partido Acción Nacional (PAN) para ir por la presidencia fuera asiduo con la principal convicción de generar un amplio programa para la creación y el mejoramiento de empleos en México, resulta contradictorio que para el 2011 se contaran 596 mil 200 empleos perdidos.

El 5 de diciembre de 2006 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó las elecciones que declaraban como presidente legitimo al panista que en sus compromisos a cumplir durante su sexenio destaco como prioridad la seguridad y economía del país.

El 1 de diciembre Felipe Calderón toma posesión de la presidencia en las instalaciones del Palacio Legislativo mientras que en las afueras Andrés Manuel López Obrado, a quien ataco fuertemente durante la contienda política con spots que hacían comparación entre el izquierdista y el presidente venezolano Hugo Chávez en relaciona su carácter tanto autoritario como radical, manifestaba su inconformidad realizando su propia protesta con sus partidarios.

El candidato que desde el 4 de diciembre de 2005, cuando aceptara la nominación del Partido Acción Nacional, y hasta que ganara las elecciones del 2006 mantuviera una lucha continúa contra los candidatos del PRI y el PAN, fijo sus pilares políticos en la moderación, la modernidad y la transparencia económica, mostrándose así mismo inflexible ante la corrupción.

Las lonas con fotografías de Felipe Calderón que durante el 2006 cubrían diversas áreas de los estados que conforman La Republica Mexicana, lucían el lema “Para que vivamos mejor” que expresaba la intención de llevar bienestar a cada uno de los mexicanos en economía y seguridad.  

Posteriormente de ser electo, designo el programa “Plataforma México” cuyo fin era crear un sistema criminal único para todo el país, el programa “Limpiemos México” que pretendía generar mejoras en los sectores de educación y salud en tres fases: Zona en Recuperación, Escuela Segura y Centro de Atención Primaria de Adicciones y Salud Mental así como “Programas y Estrategias Nacionales de Seguridad” para capacitar a los elementos policiacos, no obstante, su interés se centro en establecer una campaña para combatir al crimen organizado por medio de la fuerza del Ejercito.

Tres meses después  de iniciada la “Guerra contra el Narcotráfico”, ante el aumento de la violencia y las denuncias de la CDNH de violaciones a los derechos humanos por parte del Ejercito, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión le pidió al presidente Calderón retirar a los militares mexicanos a lo que se negara rotundamente. El periódico Proceso del 19 de julio de 2012 se manifestó que las muertes provocadas por esta medida militar estarían cerca de 60 mil mientras que en La Jornada el 28 de Marzo del mismo año habían señalado que eran 150 mil.

En temas de salud modifico la ley del ISSSTE, en menos de una semana se aprobó una reforma que individualizaba las cuentas de los trabajadores y que fue negociada entre el Gobierno, el PRI, el PAN, el SNTE y la FSTSE. La noticia fue dada por El Universal el miércoles 28 de marzo de 2007 por el periodista Sergio Javier Jiménez quien capturo la información en el Tianguis Turístico que se desarrollaba en Acapulco para promover las reformas al ISSSTE.   

Nuevamente el PRD mostro su inconformidad haciendo énfasis en  que existían 24 artículos que requerían su análisis, sin embargo la mayoría del PRI y el PAN rechazaron la propuesta del debate y con 73 votos a favor y 28 en contra, el pleno del Senado de la Republica declaro aprobada la modificación al sistema de retiro de los trabajadores.

La Unión Nacional de Trabajadores y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) declararon que antes  del 1 de mayo del 2007 iban a paralizar el país en desaprobación por la legislación que reducía la pensión de los trabajadores a 3 mil pesos y a base de un PENSIONISSTE que hacia referencia a que sus ahorros serán administrados por  caramillas políticas , a lo que Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo y Prevención Social, advirtió que jurídicamente no era posible un paro nacional de labores.

Entre el 2008 y el 2009 en México se vivió una crisis económica en relación a la ocurrida en varios países alrededor del mundo principalmente por la dependencia económica que la nación tenia para con Estados Unidos en donde múltiples instituciones bancarias quebraron y por lo cual en México los inversionistas empezaron a adquirir grandes cantidades de dólares haciendo que le peso se devaluara al punto que en diciembre de 2008 la depreciación alcanzo 26,70% con una cotización de $14 pesos por dólar.

En consecuencia, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor y de la Secretaria de Economía, la canasta alimentaria básica se elevó 34,17 por ciento, lo cual represento 7,5 por ciento veces más el aumento a los salarios concedido a los trabajadores en enero de 2007

El miércoles 24 de enero de 2007 en El Universal se imprimió un articulo referente a la alza en el precio de la tortilla y las quejas expuestas por los industriales de la masa y la tortilla que decían no poder reducir el coste a $8.50 pesos por kilo, como estaba establecido, por que la materia prima seguía elevada.

A un mes de comenzada la nueva gestión del gobierno, los precios de la tortilla llegaron a duplicarse por el aumento y acaparamiento de maíz. Felipe Calderón intervino por medio de los secretarios de Economía, Agricultura y el director de la PROFECO para generar un Pacto Económico para la Estabilización de la Tortilla suponiendo la estabilización del precio alimentario básico.

El presidente del empleo, como el mismo se autonombro en plena campaña electoral, quien prometiera estabilizar la economía mexicana para ayudar a la creación de empleos y atraer inversiones extranjeras logro generar 20 mil empleos, 3 mil 800 de manera directa y 6 mil indirectos pero de forma permanente gracias a la inversión de la compañía Audi con 300 millones de dólares para la construcción de su nueva planta en México.

Felipe Calderón destaco que desde enero del 2007 se han registrado mas de 2 millones 240 mil empleos, casi 2 millones y cuarto de empleos nuevos netos en el Seguro social y que la tasa de desempleo en México es una de las mas bajas de todos los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico , no obstante, en el mes de noviembre del 2008 el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó la perdida de 51 mil 262 empleos formales que llegarían a ser 5,17 por ciento de la población económicamente activa (PEA) en junio de 2009.

Por lo mismo, el 8 de diciembre de 2008 el gobierno mexicano reconoció que la economía había sido afectada por la crisis internacional que ya se sentía desde iniciado el periodo presidencial 2006-2012, la cual empeoro en el 2009 por lo que para el 1 de agosto del mismo año se habían perdido 596 mil 200 plazas laborales desde junio de 2008, mientras que el producto interno bruto (PIB) nacional registro una contracción de 10,4 por ciento en el mismo periodo.   

Para el 2011, Felipe Calderón elimino el gravamen, en respuesta a su promesa de eliminar el impuesto sobre la tenencia implementado en 1968, sin embargo, indico que la recaudación del mismo caería sobre los gobiernos estatales quienes decidirían si lo cobraban, eliminaban o traspasaban a otro tipo de impuesto.

En el ámbito vehicular al panista no le fue posible congelar ni reducir los precios de la gasolina, puesto que de diciembre de 2006 a la fecha se ha elevado en un promedio de 3,5 por ciento para ambos tipos de combustibles, es decir, Magna y Premium, según datos de Petróleos Mexicanos con lo cual durante el 2011 las tarifas por litro subieron diez centavos cada mes, patrón que se repite durante el 2012.

El candidato busco a través del Programa Oportunidades brindar servicios de electricidad y gas más baratos.

Durante su sexenio, promulgo la extinción de la Compañía Luz y Fuerza del Centro, responsable de manejar los contratos de electricidad en la parte centro del país y empresa que en palabras del mandatario costaba “mas de 42 mil millones de pesos en subsidios al año. La Comisión Federal de Electricidad se encargo de sustituirla, y en el primer año de operación registro casi 400 mil nuevos contratos de suministro eléctrico.

En apoyo a la economía mexicana y acorde con su campaña, Calderón proclamo un decreto de austeridad en el cual redujo su sueldo y el de los secretarios de estado en un 10 por ciento, siendo un salario quincenal $4 mil 799 pesos menos que en el sexenio de Vicente Fox, no obstante, el dinero que ganan los funcionarios continua siendo mas alto que el de los países desarrollados. 

A principios de 2008 envió al Congreso de la Unión una serie de iniciativas para reformar el sector energético, en específico de Petróleos Mexicanos; la iniciativa fue discutida en una serie de foros de expertos organizados por el Senado de México; la reforma fue modificada por los tres partidos políticos más importantes, PRI, PAN y PRD. La reforma sería aprobada a finales de septiembre del mismo año y el viernes 28 de noviembre fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación los siete decretos que integran la Reforma Energética.

Durante su participación en la Conferencia del Cambio Climático de Copenhague en diciembre del 2009, Felipe Calderón recibió el Premio de la Organización Global de Legisladores por su liderazgo en la protección del medio ambiente; dicho premio fue entregado por el primer ministro del Reino Unido Gordon Brown.^[59

Además, se comenzó con los proyectos de Primer Empleo eliminando las cuotas de los empresarios al IMSS durante un año cuando estos contratasen nuevo personal que no tuviese experiencia laboral previa y por lo tanto, tampoco registro en el IMSS.

 Ante tal situación, el candidato del PRD Andres Manuel López Obrador declaró que se había producido un fraude electoral y exigió el recuento de los votos movilizando en la Ciudad de México a miles de manifestantes en su apoyo, bloqueando los accesos a la avenida Paseo de la Reforma (una de las más importantes de la ciudad) y al centro de la ciudad por más de un mes.

La transparencia también se convirtió en uno de sus ejes electorales, ya que prometió una "Caja de Cristal" para poner los impuestos del pueblo, "sin fideicomisos ocultos ni cajas ocultas", garantizó que los mexicanos iban a saber quién y cómo y en dónde se gasta el dinero del pueblo.

Calderón prometió mayores inversiones en escuelas y Universidades de calidad; así como atacar el problema de millones de mexicanos al no tener acceso a los servicios de salud pública. Prometió fortalecer el Seguro Popular y garantizar que todos lo mexicanos tuvieran posibilidad de asistir a un médico, adquirir medicinas y tratamiento gratuitos; fue más allá al jurar que todos los "niños que nazcan en su sexenio" tendrían seguro médico. Cabe destacar que el Seguro Popular no cubre todas las enfermedades hasta la fecha.

También prometió inversiones en escuelas y universidades de calidad, atención a comunidades indígenas, así como mejoramiento y ampliación de plantas tratadoras de agua potable.

En infraestructura, Calderón aseguró construir los "caminos que hacen falta". En su Sexto Informe de Gobierno, el mandatario destacó la construcción y modernización de "casi 20 mil kilómetros de carreteras y caminos rurales", cantidad que comparó con la distancia del "Polo Norte al Polo Sur".

Entre algunas promesas más pequeñas que Felipe Calderón hizo durante su campaña electoral, se encuentran la exención de impuestos para los trabajadores que ganen menos de 5 mil pesos al mes. Ofreció una red de guarderías para apoyar a las mujeres que trabajan y mejores horarios laborales para poder ofrecer más tiempo a sus hijos.

También se comprometió a eliminar el cobro de comisiones a las remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero. Prometió préstamos a los trabajadores que ganen 2 mil 800 pesos al mes o menos para adquirir una casa. Dijo que bajaría el sueldo del presidente y funcionarios públicos; sin embargo, los salarios de los funcionarios continúan siendo más altos que países desarrollados.

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