Prohibido el aborto terapéutico
Un grupo de hombres monta una escultura de una
mujer embarazada del artista danés Jens Galschiot en conmemoración del Día
internacional de la salud de la mujer en 2007. Por entonces, organizaciones de
derechos de la mujer denunciaban la muerte de decenas de mujeres por
complicaciones durante los embarazos o por abortos realizados clandestinamente
a partir de la prohibición de 2006 (Esteban Félix / AP)
Mientras que en España la Iglesia católica va
perdiendo adeptos y, por tanto, poder y la reforma del derecho al aborto se ha
aprobado, en numerosos países de América Latina y África la creciente presencia
de las iglesias católica y evangelista, principalmente, está favoreciendo que
grupos de poder introduzcan agendas marcadas por la religión en los gobiernos.
Éste ha sido el caso de las recientes reformas legislativas dirigidas a
prohibir la práctica del aborto en cualquier caso. En Nicaragua, República
Dominicana y Kenia se ha implantado la prohibición de la interrupción del
embarazo, a partir de presiones de representantes de la Iglesia católica y/o de
la propia defensa de ésta desde dentro del Estado.
Nicaragua
Desde 1870
el aborto terapéutico era un derecho de las mujeres en Nicaragua cuando su vida o su salud corrían riesgo,
o cuando el embarazo fuera resultado de
una violación certificada por al menos tres médicos. Sin embargo,
durante la campaña electoral para las elecciones presidenciales de 2005, la
Cámara legislativa de este país aprobó un reforma que prohibía el aborto en
cualquier caso y que imponía unas penas
de entre cuatro y ocho años de prisión para aquellas mujeres que
incurrieran en el delito.
Las 200.000
firmas recogidas por representates de las iglesias católicas y evangelistas
pidiendo la derogación del derecho al aborto en estos casos había surtido
efecto. Cuatro de los cinco partidos que participarían en los comicios
presidenciales votaron a favor de la prohibición, incluído el Frente Sandinista de Liberación Nacional,
liderado por el famoso líder de la revolución sandinista Daniel Ortega.
Médicos, activistas de los derechos de la mujer y diplomáticos de toda América
Latina miraron perplejos a un país en el que además, se preveía la victoria
de uno de los míticos partidos
progresistas del continente. Varias agencias de cooperación al
desarrollo de países europeos se plantearon presionar conjuntamente al gobierno
de manera no oficial.
Durante la votación, aprobada con 52 votos a favor,
9 abstenciones y la ausencia de los 92 parlamentarios restantes, miembros de
organizaciones civiles y de derechos de la mujer intentaron ingresar en el
edificio y arrojaban piedras y botellas al edificio. Mientras, los dirigentes
políticos sostenían que no se trataba de una cuestión electoral sino “de una medida de protección de la vida“, como expresó el coordinador
del grupo FSLN en el Parlamento.
A principios de marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha pedido al Estado de Nicaragua
que adopte medidas cautelares para salvar la vida de Amalia. Esta mujer, con
nombre ficticio para proteger su identidad, de 27 años y madre de una niña de
10, el sistema de salud le ha negado el aborto terapéutico para poder recibir
el tratamiento de quimioterapia y radioterapia que necesita para combatir el
cáncer que padece.
Este caso ha reabierto el debate sobre el aborto en Nicaragua. Un grupo de
diputados propuso a mediados de marzo despenalizar el aborto terapéutico, excluyendo el caso de la
violación, y subrayando que, en el caso de que se descubra que el aborto
terapéutico no era necesario y que los médicos falsificaron los dictámenes, la
pena de prisión sería de entre 4 y 13 años.
Dos días más tarde, Amalia era trasladada a un hospital para recibir el tratamiento y, según la procuradora de la
mujer, Débora Grandinson, “será inevitable la suspensión del embarazo”.
La Iglesia ha respondido rápidamente. La
Conferencia Episcopal publicó una carta en la que exhortaba a la ciudadanía a no dejarse confundir por ideologías o propagandas. El Vicario de la Catedral
Metropolitana de Managua, Bismack Conde, argumentó que la propuesta de
despenalizar el aborto en algunos supuestos era “una banderita de lucha en
contra la de la vida humana”.
Según cifras de Amnistía Internacional, entre 2005 y 2007, 1247 niñas fueron violadas y 198 de
ellas resultaron embarazadas. De ellas, 172
tenían entre 10 y 14 años de edad. Y esto es sólo los casos
documentados, lo que hace suponer que sólo se trata de la punta del iceberg del
problema. Asimismo, se tiene registrada la muerte de 28 mujeres en 2008 por
enfermedades existentes antes del embarazo que derivaron en la muerte durante
éste.
Ya en mayo de 2009 el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas se pronunció con rotundidad sobre este asunto: Nicaragua
debía revertir la reforma legislativa de 2006 y garantizar el derecho al
aborto, especialmente en casos de violación o incesto. “La prohibición del
aborto para las víctimas de agresiones sexuales significa una constante exposición a las violaciones
cometidas contra ellas” y supone “un grave estrés traumático con el riesgo de padecer prolongados problemas
psicológicos”. Y añadía que Nicaragua debía modificar esta legislación “tal y
como fue recomendado por el Consejo de Derechos Humanos, el Comité para la
eliminación de la Discriminación contra la Mujer y el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales”.
Sin embargo, el gobierno sandinista siempre
responde que “viene impulsando una proyecto de vida, un proyecto en donde hemos
asumido el compromiso tanto de defender a la madre como a su hijo”, como
respondió recientemente el diputado de este partido, José Figueroa, a todas
estas reclamaciones internacionales.
Kenia
Una mujer carga un bebé durante la violencia
post-electoral en Kenia © Walter Astrada
Cada año, al menos 2600 mueren por un complicaciones derivadas de un aborto realizado en la clandestinidad,
21.000 mujeres son hospitalizadas por esta práctica ilegal y peligrosa para las
mujeres. Pero, como apunta el informe del Centro para los Derechos Reproductivos, estas cifras no reflejan el número de mujeres
asesinadas o con discapacidades derivadas de estos abortos. Se estima que el 35% de las mortalidad materna es
atribuible a las inapropiadas condiciones en las que tienen que realizar los
abortos: ellas mismas con objetos o venenos, personas no profesionales de la
medicina y las faltas de salubridad.
El gobierno de coalición formado tras la violencia
desatada durante las elecciones presidenciales de 2007, tiene como una de sus
funciones primordiales la reforma de la Constitución para disminuir la
corrupción y prevenir futuros enfrentamientos étnicos. Uno de las propuestas
para la reforma es la legalización del aborto en los supuestos marcados por los
tratados internacionales firmados por Kenia: cuando el embarazo suponga riesgo
para la salud o la vida de la mujer o en caso de violación.
Sin embargo, el presidente keniata, el católico
Mwai Kibaki, ha prometido a los líderes religiosos que el Parlamento no
aprobara esta rerforma. “La mayoría de nosotros en el Parlamento hemos
reconciliado nuestras posturas y estamos listos para persuadir a aquellos que
piensen distintos. En cualquier caso rechazaremos sus propuestas” dijo durante
una ceremonia religiosa. Entre los que no sólo no quieren aprobar el aborto
terapeútico también existe un sector que quiere introducir un concepto que,
como veremos, se repite en República Dominicana. Y es el de “proteger la vida
desde la concepción hasta la muerte”. Esto, en palabras de la abogada, Mónica
Roa, responsable de proyectos de Women´s Link Worldwid, una organización de
defensa de los derechos de la mujer “no sólo elmina la posibilidad de abortos
en determinados casos, sino también la anticoncpeción de emergencia (como la
píldora del día después), el DIU tampoco ya que funciona después del momento de
la concepción, la fertilización in vitro también tendría problemas
constitucionales. Esta cláusula tendría graves consecuencias para los derechos
sexuales y reproductivos en general”.
Sin embargo, una de las paradojas que arrastra
desde hace años este país es que tiene, legalmente, un sistema de cuidados
médicos para el post-aborto, lo que demuestra su conciencia de lo extendida que
está su práctica. Sin embargo, la mayoría de las mujeres no acuden a los
hospitales cuando sufren infecciones, hemorragias u otras complicaciones tras
el aborto por desconocimiento de su existencia o porque, con lógica, consideran
que si la interrupción del embarazo está penada, podrían ser encarceladas si lo
hacen público en el hospital.
El prestigioso Centro para los Derechos
Reproductivos, con sede en Nueva York, y dedicado a “promover la autonomía
reproductiva como un derecho humano fundamental que todos los gobiernos están
legalmente obligados a proteger, respetar y garantizar” ha dedicado un informe
a la situación en Kenia. Entre los testimonios recogidos, está el de Sara, una
niña de 14 años que comienza a prostituirse por dos dólares cuando su madre es
hospitalizada por sida y tuberculosis. Cuando se queda embarazada una amiga de
una amiga le practica un aborto que le provoca una grave infección. No acude al
hospital por miedo a ser encarcelada. Muere un mes después.
Según el informe, aquellas mujeres víctimas de un
aborto mal practicado que van al hospital son a menudo tratadas por médicos y
enfermeras inexpertas, que les curan sin analgésicos y les insultan.
República Dominicana
La modificación constitucional para la prohibición
absoluta del aborto en este país donde el 87% se considera católico en
septiembre de 2009, coincidió con la el inicio prematuro de la campaña
electoral que se inició ya a principios del pasado año y que aún no se han
celebrado. El mismo presidente de la República, Leonel Antonio Fernández Reyna, y representantes
de la Iglesia Católica
plantearon una reforma que incluye a este país en el reducido grupo que no admite el aborto bajo ninguna
circunstancia. Antes de la votación en el Parlamento, el presidente de
la Cámara, Reinaldo Pared Pérez, pidió que se rezara un Padrenuestro por la
salud del hijo de uno de los parlamentarios.
Con 128 votos a favor y 34 en contra, los grupos civiles y de defensa
de los derechos de la mujer que mostraron su alarma por una reforma dirigida a
reforzar la prohibición del aborto ya existente, pero que en la práctica era
bordeada para salvar la vida de aquellas mujeres que requerían tratamientos
para salvar sus vidas o las víctimas de violaciones e incestos. Esta reforma
está basada en el concepto que empieza a ganar peso en Kenia de “proteger la vida desde la concepción hasta la
muerte“.
El código sanciona con penas de dos a cinco años de
cárcel a toda mujer que realice un aborto, con o sin asistencia, y de
entre cinco y veinte años al
personal médico que intervenga en su práctica. Amnistía Internacional denunció la reforma legal y
avisó de que se estaba “poniendo en peligro la vida de mujeres y niñas,
incrementando potencialmente las muertes maternas en el país”.
Según una investigación del Centro de Estudios
Sociales y Demográficos dominicano el país tiene una de las tasas más altas de
la región: 82.000 abortos anuales, de los cuales casi la décima parte se
practican en adolescentes de entre 10 y 15 años de edad. Según la reconocida
ginecóloga y defensora de los derechos reproductivos de la mujer en República
Dominicana, Lillian Fondeur, “se incrementarán la mortalidad, los embarazos no
deseados y los abortos”.
Desde que el aborto terapéutico fue prohibido en
2006, han sido numerosos los debates en el parlamento y en la sociedad civil que han
planteado volver a legalizarlo.
Colombia
El caso de Colombia demuestra que la legislación no es suficiente si no
viene acompañada del compromiso de la judicatura por el cumplimiento de la ley,
del poder ejecutivo y de todos los agentes implicados en la práctica de la
interrupción del embarazo: desde los médicos, asesores de las oficinas de
planificación familiar hasta la desestigmatización social.
En Colombia, el
aborto era ilegal en todos los casos hasta 2006. Un año antes, Women´s Link
Worldwide, a través de su abogada Mónica Roa, interpuso una demanda de inconstitucionalidad ante
la Corte Constitucional según la cual la total penalización del aborto implica
graves vulneraciones a los derechos de
las mujeres. Lo hizo mediante una campaña que diseñó, llamada Litigio de
Alto Impacto, basada en el trabajo estratégico con los jueces en la
implementación de los derechos sexuales y reproductivos, y en la sociedad a
través de todos los medios de comunicación social a su alcance con el fin de
que el impacto de la sentencia fuera tal socialmente que traspasara las
barreras del papel jurídico.
En 2006, el aborto en los casos que hemos visto,ser
resultado de una violación o incesto, o que ponga en riesgo la salud o la vida
de la mujer, es aprobado. Los tres primeros argumentos que conformaron la
campaña llevada a cabo por Mónica Roa fueron los siguientes:
1. Las consecuentas de la total penalización del
aborto constituyen un grave problema de salud pública. El aborto ilegal era la
tercera causa de mortalidad materna en el país.
2. Es un asunto de equidad de género. Según el
Comité de Naciones Unidas para la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer, la penalización de una práctica médica que sólo
necesitan las mujeres es una violación al derecho de la igualdad y a la no
discriminación por sexo.
3. Es una cuestión de justicia social. En su
mayoría, quienes pagan el costo de la ilegalidad del aborto son las mujeres de
escasos recursos, las que viven en zonas rurales, las que tiene menos acceso a
la información y las más jóvenes.
Sin embargo, pasados casi cuatro años, Mónica Roa
ha tenido que presentar ante la Corte Suprema de Justicia una queja disciplinaria contra el Procurador General de la Nación,
Alejandro Ordoñez, argumentando que “no garantiza la plena vigencia de los
derechos humanos porque ha usado su posición como jefe máximo del Ministerio
Público para restringir el alcance de los derechos sexuales y reproductivos y
no hacer cumplir las decisiones judiciales constitucionales”.